Aquí pasou o que pasou

“Aquí pasou o que pasou” (Aquí pasó lo que pasó). La frase la pronunció en sede parlamentaria en Galicia un diputado conservador para explicar, sin más detalles, la revuelta interna que en 1987 tuvo lugar en el Gobierno de la Xunta en un intento de forzar la dimisión del entonces presidente. La expresión hizo fortuna y se incorporó a la cultura popular y política de Galicia como una forma de expresar, en cinco sintéticas palabras, la dimensión autoconclusiva de un acontecimiento de extrema gravedad que se devora a sí mismo sin apenas consecuencias. Un epigrama que expresa, mejor que ningún tratado de filosofía política, la capacidad del sistema de regenerarse digiriendo sus propias contradicciones.

Aquí pasou o que pasou. También en el caso de la marea negra que llenó de chapapote las costas gallegas y puso en evidencia a una administración empeñada en negar la evidencia de lo que estaba pasando, superada por acontecimientos que fue incapaz de prever y que nunca tuvo el valor de asumir la responsabilidad política que le exigían los ciudadanos.

La justicia no ha sido capaz de hallar un culpable. Eso es en sí mismo muy grave, porque lo que sucedió fue de una dimensión extraordinaria. Pero aún si aceptamos como algo inevitable que no haya sido posible encontrar pruebas para condenar penalmente a nadie (lo que resulta en todo caso discutible), lo que no parece de recibo es que los magistrados de la Audiencia se permitan en su fallo elogiar la gestión de la catástrofe. Eso es indigno.

En medio del ruido y de tantas dudas, conviene recordar algunas certezas:

  1. El problema central sigue siendo el tráfico de mercancías peligrosas en el corredor marítimo de Fisterra. Es una evidencia que ni el Gobierno antes ni la Justicia después han podido hacer nada por impedirlo. Una acción internacional coordinada podrá ser capaz de tomar medidas para reducir al mínimo el riesgo de un accidente pero no puede garantizar que no se repita. Cada año navegan frente a Galicia más de 14.000 barcos con mercanías peligrosas: uno cada 40 minutos.
  2. La incapacidad de nuestros políticos a la hora de asumir responsabilidades por la gestión catastrófica del accidente obligó a la sociedad civil a depositar su única esperanza de reparación en la justicia. De ahí la frustración derivada de una sentencia incapaz de hallar en el comportamiento del gobierno reproche penal alguno. Seguramente porque, por mucho que lo que hicieron nuestras autoridades fuese un desastre, no es posible fundar en derecho una condena para castigar una decisión (alejar el barco) si no se puede establecer con certeza y sin lugar a dudas que lo correcto hubiese sido actuar de otra manera (llevarlo a un puerto refugio).
  3. Lo más grave, como señala el fallo judicial, es que a día de hoy seguimos sin contar con un protocolo de actuación debatido y acordado que resuelva el dilema de alejar o abrigar un barco en dificultades cargado de mercancía peligrosa. El debate no puede girar en torno a si un accidente parecido se repetirá; la cuestión crucial es qué haremos cuando ocurra.
  4. La sentencia de la Audiencia basa su decisión en las pruebas presentadas contra los acusados que se sentaban en el banquillo. La pregunta que hay que responder es porqué la justicia española no fue capaz de armar un proceso contra los principales responsables de lo ocurrido: los propietarios del barco, la empresa armadora y la sociedad internacional que certificó que estaba en buenas condiciones para navegar.
  5.  Once años después, lo único que sigue teniendo sentido es el grito de Nunca máis. La indignación social fue entonces la respuesta a la incapacidad de la política a la hora de poner coto a los daños medioambientales y económicos que periódicamente sufre Galicia porque nadie se toma en serio la necesidad de poner freno a la codicia de las petroleras, las navieras y las financieras que se lucran con el mercado de los combustibles fósiles.

La rabia y la indignación reviven en los recuerdos de hace once años. Tal vez la Audiencia no tenga la culpa de no poder condenar a los acusados, pero de lo que no hay ninguna duda es de que no se ha hecho justicia. El chapapote, una vez más, lo ensucia todo.

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