Han ganado

Han ganado.

Las declaraciones sobre la seguridad pública, los disturbios, los grupos organizados de ideología antisistema e incluso el debate acerca de la conveniencia de alejar del centro las protestas sociales han hecho desaparecer del espacio público las demandas de los ciudadanos. Ya nadie habla de ellas y eso constituye un gran éxito de los diseñadores del discurso oficial, ese que trata de convencernos de que el Gobierno nos está sacando de la crisis en la que nos metió Zapatero. Nadie debe despistarse, especialmente a pocos meses de unas elecciones. Los ciudadanos pueden haber ganado en las calles, es verdad, pero el Gobierno ha impuesto su discurso haciéndoles invisibles.

En la estrategia del Ejecutivo y sus aliados es imprescindible silenciar el análisis crítico e invisibilizar a los derrotados por la crisis. Y para eso hace falta construir una representación del enemigo, no importa lo inconsistente que sea. Ahí es donde juegan un papel esencial tanto los inmigrantes subsaharianos que cruzan ilegalmente la frontera, a los que Interior siempre describe con rasgos amenazadores, como los antisistema especializados en quemar contenedores. El hecho de que los primeros sean una minoría de la inmigración ilegal en España (casi todos los extranjeros que entran sin permiso en nuestro país siguen haciéndolo por Barajas, aunque ahora se llame Adolfo Suárez) o que la cifra de los segundos sea ridícula en comparación con los millones de ciudadanos que desde hace cuatro años protestan pacíficamente en España es un detalle menor cuando de lo que se trata es de resucitar los atavismos del miedo. Pregunten en la calle a los ciudadanos que se informan por los telediarios: no les hablarán de la crisis ni de sus culpables sino de las amenazas que el Gobierno ha sabido agitar tan bien ante sus ojos.

Han ganado. Y lo saben. Por eso están tan satisfechos.

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El PSOE, a lo suyo

A estas alturas del siglo, ya no es una sorpresa para nadie que el encaje constitucional de los territorios con identidad propia, en especial Cataluña y Euskadi, ha sido un fracaso. Y que el riesgo de que la expresión política de sus ciudadanos articule una mayoría capaz de plantear una secesión es muy alto.

Ante la evidencia de que el modelo actual ya no funciona, la conclusión lógica sería que los partidos que forman la columna vertebral del sistema, PP y PSOE, trataran de encontrar una solución válida para todos. Enrocarse en el diseño constitucional nacido la dictadura no creo yo que vaya a acabar con el independentismo; más bien parece que sólo sirve para alimentar los deseos secesionistas de una parte muy importante de los ciudadanos, sobre todo en el caso de Cataluña.

Negar la evidencia es la estrategia del PP y de su líder, Mariano Rajoy, que en esta materia, como en muchas otras, quiere ganar por agotamiento del adversario. A ver si, con el paso del tiempo, cambia el viento y los catalanes se cansan.

El camino elegido por el PSOE es muy diferente, pero no parece mucho más efectivo. Ahora que están en la oposición amagan con abrazar la causa del federalismo y se disponen a debatir y aprobar una propuesta para solucionar las tensiones territoriales en el que hay de todo menos ideas concretas. ¿Por qué? Porque en realidad la suya no es una oferta para los ciudadanos, para el debate público, es una solución orgánica al problema del PSC, su forma de buscar el encaje del socialismo catalán en el PSOE, no de Cataluña en España.

La ausencia de un modelo federal digno de tal nombre en la propuesta del PSOE demuestra que el socialismo español sigue enredado en sus problemas internos. Y nada hace pensar que vaya a salir a corto plazo de ese círculo envenenado.

Pactar por pactar

“Puro teatro; falsedad bien ensayado, estudiado simulacro”. La canción de La Lupe parece escrita para describir la proposición no de ley que PP y PSOE presentarán este jueves en el Congreso y que ambas partes han dado en llamar con pompa indisimulada un “pacto por Europa”. No es sólo por el formato elegido (las proposiciones no de ley son bonitos brindis al sol sin consecuencia política alguna) ni la primera parte del contenido (una vaga lista de demandas que Mariano Rajoy ya tenía previsto defender en la UE y que, en su mayor parte, la Unión ya tiene previsto aprobar). Lo más chusco del acuerdo es que en él PP y PSOE piden nada menos que “asegurar un alto nivel de protección social, proteger los derechos laborales y fomentar los servicios públicos como la educación y la sanidad”. Si esta demanda no es una burla a los ciudadanos, no sé qué lo será.

Las razones por las que PSOE y PP se entregan a esta ceremonia son previsibles: creen que a falta de contenido el pacto es, en sí mismo, una solución. No para la sociedad, por supuesto, pero sí para ellos. Calculan, espoleados por los medios de comunicación que forman parte del establishment,  que pactar es la única manera de salir del agujero de descrédito en el que ellos mismos se han precipitado. Pactar por pactar, con independencia del contenido, porque lo importante, creen, es que los ciudadanos piquen el anzuelo de que los dos grandes partidos están haciendo algo para resolver los problemas.

Puede que lo consigan. Aunque tengo la impresión, entre inquietante y esperanzadora, de que los ciudadanos ya están mirando en otra dirección.

Hay una manera de poner fin a todo esto

Cuando estalló la crisis nos vendieron un escenario inevitable: todo lo que está pasando, así como lo que hay que hacer para solucionarlo, se rige por leyes que escapan a nuestro control. El sistema ha colapsado y, nos han hecho creer, la única manera de arreglarlo es reducir el peso de lo público (no me gusta el término austeridad; oculta las verdaderas intenciones de los partidarios de la docrina del shock).

Los ciudadanos no somos inocentes; compramos ese discurso. Con resignación, pero lo compramos. Nos creímos culpables de lo que estaba pasando: que no se puede gastar lo que no se tiene, que vivimos por encima de nuestras posibilidades. Apretamos los dientes y aceptamos las explicaciones de nuestros gobernantes porque nos resultaba más fácil mirar para otro lado que enfrentar la realidad. Somos buenos haciendo eso: ya ocurrió cuando las cosas iban bien y nos negamos a ver nubarrones tan evidentes como la burbuja inmobiliaria. ¡Qué demonios!, a nadie le gusta ser un aguafiestas…

Es verdad que, desde que todo empezó, nos hemos movilizado con una intensidad nunca vista desde la transición. Salimos a la calle a protestar por el recorte de los sueldos públicos, por la banalización del despido, por la destrucción de la sanidad y de la educación (los dos pilares de la igualdad, el tejido estructural de la democracia). Pronto saldremos a defender las pensiones y lo haremos con energía aunque, seguramente, cansados ya de tanta manifestación aparentemente inútil, lo hagamos ya sin esperanza.

La protesta no ha dado pie a la violencia. Es un milagro para el que casi nadie tiene explicación. Y una ventaja, sin duda, porque a la vista de nuestra historia no parece un camino muy prometedor, especialmente si existen alternativas.

Si nada de eso funciona, ¿qué nos queda entonces?

Hay una manera de poner fin a todo esto. Una bomba atomica en poder de la gente, tal y como acertadamente la definió en el último programa de Salvados el exministro José María Maravall: el voto de los ciudadanos. Un arma definitiva para enfrentar a los políticos corruptos y a los banqueros incívicos. Una forma de ponerles fuera del sistema y hacerles ver que no son nadie sin la sociedad, que la refundación del sistema, la transformación de la democracia representativa en una democracia participativa, es tan inevitable como imprescindible.

Tenemos el arma, los votos, y se avecina además la ocasión perfecta. Dentro de un año los ciudadanos de España (y los del conjunto de la Unión Europea) podrán decir alto y claro si quieren seguir como hasta ahora, jugando con una baraja marcada, o si, por el contrario, es hora de cambiar las reglas del juego.

Hay que aprovechar esta oportunidad porque, como recordaba Ignacio Sánchez-Cuenca en un celebrado artículo publicado por infoLibre. “No deja de ser curioso que la gente dirija sus quejas a los partidos y a las instituciones españolas, cuando buena parte del problema reside más arriba, en las reglas de funcionamiento del euro y en las políticas que marcan los países del norte”. Dentro de un año toca precisamente votar en el ámbito donde está el origen de buena pare de la crisis que estamos sufriendo.

Esta vez, además, no valen excusas: la circunscripción única, en el caso de España, garantiza una representatividad política muy superior a la de unas elecciones legislativas, en las que el voto de las minorías se diluye en 52 provincias y favorece a los partidos mayoritarios. Esta vez también habrá Ley d’Hondt, es verdad, pero sus consecuencias sobre las minorías serán mucho más matizadas.

Tampoco debería funcionar la coartada del voto pendular al que durante treinta años se han acogida PP y PSOE, porque ambos partidos han demostrado ser parte del problema. Aplican las mismas soluciones, así que no cabe esperar que ninguno de ellos obtenga el beneficio de la duda. Es verdad que los conservadores interpretan sin prejuicios su papel de brazo armado del sistema y que a los socialistas a veces se les nota la mala conciencia. Pero al final, a la hora de la verdad, las consecuencias de sus acciones son tremendamente parecidas.

Por eso no extraña en absoluto que en la sociedad haya empezado a echar raíces un anhelo de transformación.  Como afirmaba José Juan Toharia hace pocos días en en el blog que Metroscopia tiene en El País, “una amplia mayoría (70%) anhela la aparición de nuevos partidos o formaciones políticas, perdida ya —al parecer— la esperanza de que los actuales logren regenerarse y funcionar de forma distinta a como lo están haciendo. Por otro lado, también siete de cada diez españoles (…) creen que lo mejor que los distintos movimientos ciudadanos (como 15-M, PAH, y las mareas ciudadanas) pueden ahora hacer es constituirse en formaciones políticas y disputar los votos a los actuales partidos”.

Los movimientos sociales, así como las formaciones políticas no contaminadas por el acartonamiento del sistema (entre las que destaca muy especialmente Izquierda Unida), tienen un año para fraguar alternativas capaces de poner patas arriba el sistema. Hace falta que alguien abra las ventanas del edificio común porque el aire es irrespirable. Es una tarea histórica.

El bipartidismo tiene que entender que no va a salir de esta sin cambiar el sistema político. Y si no lo entiende por si mismo, hay que hacérselo entender en las proximas elecciones europeas. Sólo si PP y PSOE reciben un mensaje definitivo por parte de los ciudadanos entenderán que el modelo político del que han vivido durante 30 años ya no sirve. Y que es imprescindible llevar a cabo una verdadera transición democrática basada en la transparencia, el control público, la división de poderes, la participación ciudadana, el fin de los privilegios, la separación iglesia-Estado…

Las encuestas (la de El País de este domingo, sin ir más lejos) demuestran que para un 52% de los ciudadanos las próximas elecciones europeas son “muy o bastante importantes”.

Salir a la calle está bien y es importante seguir haciéndolo, mostrarle al Gobierno (y a las instituciones en general) que la sociedad no se resigna. Pero después hay que votar porque esa es la única manera definitiva de echarlos del sistema. Tan sólo haced un ejercicio de imaginación, da igual lo inverosímil que os parezca: imaginad un país en el que las decisiones políticas y sociales no dependan ni del PP ni del PSOE, al menos no en exclusiva. Ahora abrid los ojos.

Tenemos los medios y tenemos la oportunidad. Aprovechémoslos. Es la hora de sentar las bases de un país nuevo.

Se acabó el tiempo de los disfraces

La moderación no está hecha para las crisis económicas. Los justos medios, el posibilismo, la navegación previsible siguiendo la ruta trazada por los poderes económicos que realmente deciden, no son compatibles con la desesperanza, el desempleo de millones de personas, la pobreza creciente y la destrucción de las redes públicas de atención social. Tampoco, por supuesto, con la corrupción. Así que no es de extrañar que corran malos tiempos para las medias tintas, para los políticos huidizos y para aquellos especializados en amagar y no dar.

Es por eso que el PSOE se hunde e Izquierda Unida crece. Pero también ese es el motivo por el que en el Partido Popular aumenta la estupefacción ante la cada vez más evidente incapacidad de Mariano Rajoy para hacer frente a una situación económica que le supera. El precedente de su antecesor en el cargo, José Luis Rodríguez Zapatero, devorado por los acontecimientos, se aparece como un fantasma a los dirigentes del PP, conscientes de que se acerca la mitad de la legislatura sin que haya señales de luz al final del túnel. Y los barones territoriales, especialmente los que tienen mando en plaza, están aún más nerviosos porque la parálisis de Rajoy, la política de esperar y ver si escampa, amenaza con dejarles a la intemperie cuando vuelvan a celebrarse elecciones autonómicas.

Ese es el caldo de cultivo desde el que hay que entender la estrategia de Esperanza Aguirre y de José María Aznar. Más allá de su voluntad (y de sus posibilidades reales) de organizar una revuelta contra Rajoy, ambos dirigentes son un síntoma de lo que se avecina. Un pulso entre la derecha pura y dura y la tibia política-del-sentido-común que representa el actual presidente del Gobierno. El neoliberalismo más ortodoxo pide paso para hacerse con el control del PP antes de que sea demasiado tarde y las elecciones de 2015 barran del mapa el bipartidismo. Se acaba el tiempo de los disfraces.

La honestidad de mirar al pasado

Quienes hoy opinan con alegría colonial sobre la Venezuela de la corrupción, de la delincuencia, de la debilidad de las instituciones democráticas, de la pobreza o de cómo el chavismo ha malgastado los recursos que genera el petróleo, deberían tener la honestidad de mirar un poco más atrás. A la época en la que Venezuela estaba gobernada por un sistema bipartidista rendido a la oligarquía, la misma que ahora celebra con champán la muerte del presidente. Un modelo que no supo (o no quiso) construir una sociedad moderna a partir de la democracia más antigua de América Latina.

Carlos Andrés Pérez, del lado supuestamente socialdemócrata, y Rafael Caldera, desde la orilla conservadora, son los mejores exponentes de las dos caras de un sistema que durante años ignoró las necesidades de la sociedad venezolana. Ninguno de ellos entendió lo que estaba pasando, a pesar de las señales evidentes que bajaban de los cerros.

Entender a Hugo Chávez (sus luces y sus sombras) y, sobre todo, comprender su respaldo popular, exige examinar ese pasado (algunos en España, por cierto, deberían darse cuenta de que aquí pasa algo de lo mismo: el desgaste irreversible de un modelo político que sólo puede conducir a la ruptura).

Lo demás es pura y simple demagogia.